A/HRC/34/54/Add.4
89.
La violencia obstétrica es un problema serio en México, pues en muchos casos la
prestación de servicios de salud puede concluir en violencia obstétrica o muerte materna y
este fenómeno afecta significativamente a mujeres indígenas de escasos recursos. Se ha
informado que los malos tratos en los establecimientos de salud están fuertemente basados
en el estigma contra mujeres que viven con VIH. Todo esto se traduce en malos tratos
infringidos a mujeres que solicitan servicios de salud reproductiva y pueden causar enormes
y duraderos sufrimientos físicos y emocionales (A/HRC/22/53). Resaltamos positivamente
la Recomendación No. 34 de la CNDH que reconoció la violencia sexual ocurrida en un
centro hospitalario y ordenó cursos y capacitación en temas de derechos sexuales y ética
con perspectiva de género en ese hospital. Tales cursos deben impartirse también a nivel
nacional.
90.
El Relator fue informado que las mujeres y las niñas con discapacidad psicosocial
tienen alto riesgo de ser esterilizadas sin su consentimiento por petición de sus padres o
tutores que entienden que ellas son incapaces de tomar decisiones sobre su vida y su
cuerpo.. Un estudio encontró que 42% de mujeres con discapacidad psicosocial habían sido
esterilizadas de forma forzada o por coerción. Esto es completamente inaceptable y viola el
derecho de las personas a no ser sometidas a tortura y malos tratos (A/HRC/31/57).
F.
Migrantes
91.
El Relator ha recibido información respecto del número de expulsiones de migrantes
provenientes de Centro América. Hasta noviembre de 2015, 178.254 personas migrantes en
situación irregular habían sido capturadas y detenidas por el Instituto Nacional de
Migración, frente a las 127.149 de 2014, incremento que no se reflejó en aprobaciones de
solicitudes de asilo. Es preocupante que la detención migratoria sea la práctica general y no
la excepción en México. Es alarmante el número de deportaciones de menores: pasaron de
4.015 en el 2011 a 12.511 de enero a junio de 2015, un promedio de 2.085 niños deportados
por mes. También los migrantes son desincentivados por las mismas autoridades para que
no presenten denuncias como víctimas de delitos, con amenazas de ponerlos a disposición
del Instituto Nacional de Migración. Muchos prefieren no denunciar e irse de México por
temor a esas amenazas.
92.
Los oficiales de migración comunican a los menores no acompañados que cruzan la
frontera que son escasa las posibilidades de recibir asilo o los amenazan de permanecer
detenidos por un tiempo indeterminado, lo cual hace que muchos acepten la deportación
aun enfrentando riesgos en sus países de origen. El Comité de los Derechos del Nino
expresó su preocupación ya que a algunos niños se les expulsa sin tramitar un proceso legal
previo. Menos de 1% de los niños que llegan a México obtienen asilo o protección.
93.
En el informe anterior el Relator expresó preocupación por el limitado acceso a las
estaciones migratorias. En esta oportunidad se nos informó que el Estado no ha tomado
medidas para facilitar el acceso de la sociedad civil a las estaciones migratorias. La entrada
es determinada de forma discrecional y, bajo el argumento de seguridad nacional, hay un
acceso restringido y sólo a ciertos espacios, se privilegia la entrada de abogados que cobran
honorarios y se dificulta la entrada de aquellas organizaciones que representan o asesoran
gratuitamente.
94.
Se informa de casos de malos tratos y tortura cometidos por autoridades de
migración y la policía hacia migrantes indígenas, como en el caso de cuatro indígenas
mexicanos detenidos por el Instituto Nacional de Migración, que fueron torturados para
afirmaran que provenían de Guatemala, abusando de su condición de indígenas y su falta de
dominio del idioma español. Este caso fue objeto de una recomendación de la CNDH.
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