E/CN.4/2001/66 page 143 También se permitió el ingreso a las instalaciones de la PGR a familiares y representantes de organismos no gubernamentales de derechos humanos. Los presentados rindieron su declaración ante defensores de oficio, estos últimos totalmente independientes de la PGR y el ministerio público. A los medios de comunicación se señaló el hecho de que algunas personas habían sufrido agresiones físicas por parte del personal de la PGR. Quedó constatado que, aparte de los certificados médicos levantados en la PGR y en el momento del ingreso, ninguna de las personas mencionadas presentaba lesiones. Para evitar cualquier duda, el titular del ministerio público de la federación determinó la integración de una comisión a fin de atender las quejas tanto de los padres de familia, organismos no gubernamentales, así como comisiones públicas de derechos humanos. El 25 de febrero, la PGR retiró los cargos de sabotaje y terrorismo en contra del grupo de personas que participó en los hechos del 1º de febrero, con lo que las 86 personas procesadas ya no tendrán que responder por estos delitos. El 3 de marzo, de los 225 detenidos, 131 se acogieron a la libertad condicional, mientras que los 94 restantes no pudieron obtener ese beneficio porque 90 cometieron delitos graves y de 4 se consideró que podían volver a reincidir. Actualmente todos los detenidos gozan de libertad. 718. Rodolfo Montiel y Teodoro Montiel Cabrera habrían sido detenidos el 2 de mayo de 1999 por miembros del 40º Batallón de Infantería de Pizotla en el Municipio de Ajuchitlán, Estado de Guerrero. Mientras estaban supuestamente detenidos e incomunicados bajo custodia militar, habrían sido torturados para obligarlos a firmar confesiones autoincriminatorias; con posterioridad habrían sido acusados de delitos relacionados con tránsito de drogas y armas de fuego. Desde entonces ellos habrían estado detenidos en una prisión civil esperando un proceso ante el Juzgado Quinto de Distrito de Iguala. 719. El Gobierno respondió que, según la información que han recibido sobre los casos mencionados, a la aprehensión de los nombrados, no fueron objeto de violencia alguna. Sobre el caso, el Gobierno informó de que había expedientes penales según los cuales los nombrados eran probables responsables de delito de homicidio. 720. Octaviano Hernández Pacheco, su esposa Juana José José, y su hijo Jaime Hernández Pacheco, de 12 años, quienes se encontraban durmiendo, habrían sido golpeados el 22 de mayo de 2000 por 13 personas que pertenecerían a la Policía Federal del Estado, Policía Preventiva y presuntamente del Ejército Federal. Dichas personas habrían entrado en su vivienda en la comunidad indígena de San Isidro Miramar, Municipio de San Agustín Loxicha, Estado de Oaxaca, y habrían registrado la casa. A raíz de los golpes, Juana José José habría perdido el conocimiento. Posteriormente, los mismos agentes, tres de ellos encapuchados, se habrían dirigido al domicilio de Andrés Enríquez Fernández, quien, al igual que su esposa Octavia Enríquez Fernández, habría sido golpeado y detenido sin que se les informara del motivo ni del lugar donde serían conducidos. Juana José José habría sido tirada al piso y presentaría golpes localizados principalmente en cuello y miembros inferiores. Octaviana Enríquez Santiago habría sido golpeada y amenazada de muerte con un arma. Octaviano Hernández y Andrés Enríquez habrían sido detenidos en la prisión local del Estado de Eftla. De acuerdo a la fuente ambos habrían sido acusados de homicidio y de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR). Otros miembros de la comunidad de indígenas zapatecos habrían sido golpeados y habrían recibido amenazas de muerte.