A/HRC/4/33/Add.2 Page 18 96. El Informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura señala que las reparaciones en los procesos de transición democrática cumplen no sólo una función individual con respecto de la víctima que debe ser reparada, sino que también poseen importantes dimensiones sociales, históricas y preventivas. En efecto, las motivaciones para reparar los casos de violaciones masivas y sistemáticas tienen que ver con las víctimas, pero también son una forma en que la sociedad establece bases de convivencia social fundadas en el respeto de los derechos humanos. Ofrecen la oportunidad de reformular apreciaciones históricas donde todos los sectores puedan sentirse respetados y restablecidos en sus derechos. Finalmente, las reparaciones se vinculan con la posibilidad de prevenir que en el futuro puedan repetirse hechos que la sociedad en su conjunto rechaza. 97. Debe tomarse en consideración que las medidas de reparación masivas, dispuestas por un proceso de esta naturaleza, difícilmente podrán cumplir los estándares de una indemnización individual, definida en relación al daño o a los perjuicios sufridos por una víctima determinada. La evaluación de un número tan elevado de víctimas impide la determinación específica de los sufrimientos padecidos por esas personas, más aún cuando ello se realiza cerca de tres décadas después de ocurridos los hechos. Es así como la Comisión entendió que reconocía la calidad compleja de víctima de prisión política y tortura, lo que no significa tener por acreditada la efectividad de la tortura en todas y cada una de las víctimas, ni tampoco una evaluación precisa y personalizada de los perjuicios a ser reparados a cada una de ellas. 98. Las medidas de reparación dispuestas por el Gobierno y aprobadas por el Congreso Nacional tienen una naturaleza diferente, como expresión concreta del reconocimiento del Estado de su responsabilidad, pero comprendiendo que el nivel del daño es tal que resulta irreparable en un proceso de este tipo. A través de estas medidas el Estado ha intentado compensar en algo el daño sufrido, pero comprende que ello no es posible en toda la magnitud de éste, menos aún dados los recursos con que cuenta el país y sus demás obligaciones, particularmente en materia social. Incluso respecto al monto de las pensiones finalmente establecidas, ellas ascienden a un valor equivalente al salario mínimo que percibe una persona activa laboralmente y de un monto superior a muchas pensiones que reciben personas al final de su vida laboral; es decir son congruentes con las medidas de seguridad social en Chile y aseguran al menos la subsistencia. El Presidente de la República quiso advertir esto y refrenar expectativas desmesuradas, adjetivando las medidas como austeras y simbólicas, especialmente ante las demandas de medidas de reparación formuladas por organizaciones de defensa de los derechos humanos y agrupaciones de víctimas que no tenían relación con las posibilidades del país. 99. Tal como lo afirma el informe final de la Comisión, además de la reparación económica las víctimas calificadas por este organismo han sido beneficiadas con otras medidas de reparación individual: a) medidas de reparación en el ámbito jurídico, que persiguen el restablecimiento de los derechos conculcados como consecuencia de procesos judiciales, muchos de los cuales carecieron de las garantías mínimas del debido proceso; b) medidas de reparación en el ámbito educacional, que permiten finalizar los estudios básicos, medios o universitarios; c) medidas de reparación en el ámbito de la vivienda, que otorgan una bonificación especial a aquellas víctimas que no hayan accedido a una vivienda a través del subsidio estatal, carezcan de ella y estén en situación de precariedad habitacional; d) medidas de reparación en el ámbito de la salud, que brindan atención médica integral y gratuita, tanto física como mental, a las víctimas de prisión política y tortura reconocidas por la Comisión. Esto se ha traducido en el acceso de las