A/HRC/7/3/Add.2 page 124 a) Falta de investigación por parte del Juzgado Organizaciones no gubernamentales afirman conocer numerosos casos en los que un detenido, al ser puesto a disposición judicial, denuncia haber sido agredido por los agentes policiales, pero el juez que recibe esta denuncia no la refleja en el acta que recoge las declaraciones del detenido. Se informa que una vez las denuncias son recibidas en el Juzgado, es frecuente que este se limite a solicitar información a los funcionarios denunciados (los que por obvias razones generalmente niegan la agresión). Se agrega que en muchos de estos casos no se practican más diligencias de investigación y el juzgado termina por archivar el procedimiento. También se menciona que en ocasiones se impide la presentación de la denuncia negándose, por ejemplo, a tramitar la solicitud de designación de un abogado de oficio para interponer una denuncia por torturas. b) Retrasos en la investigación judicial Organizaciones no gubernamentales reiteran que una vez que el Juzgado ha tenido conocimiento de la agresión denunciada, puede pasar mucho tiempo, a veces meses, hasta que se practica la primera diligencia de investigación. Si este obstáculo es superado, las denuncias por torturas o lesiones contra los agentes policiales pueden tardar cuatro años o más en llegar a juicio, y aun pasarán más años hasta que la sentencia sea confirmada por el Tribunal superior, Audiencia Provincial o Tribunal Supremo, según el caso. También se informa que, en mucho menor número, se han producido importantísimos retrasos en la instrucción por extravió del expediente penal. c) Incumplimiento de la separación de los funcionarios implicados en denuncias de torturas y/o malos tratos Se informa que estos funcionarios a veces no son suspendidos de sus funciones mientras se espera el resultado de la investigación y de las diligencias jurídicas o disciplinarias posteriores. Por ejemplo, fuentes no gubernamentales informan que en el 2004, varios presos de la cárcel de Sevilla II, formularon diversas denuncias contra un jefe de servicio y varios funcionarios de la prisión por agresiones sexuales. En octubre de 2007, el Fiscal solicitó penas de 6 años de cárcel, contra cuatro funcionarios por maltrato psíquico, obstrucción a la Justicia y falsedad documental. Estos funcionarios nunca habrían sido apartados y seguirían prestando servicio en la misma cárcel donde sucedieron los hechos denunciados.