A/HRC/34/54/Add.4
significativos de malos tratos y torturas contra los detenidos acusados de estos hechos. A
pesar de que los detenidos denunciaron la tortura no se han adoptado medidas de
investigación, ni tampoco se les aplicó el examen médico forense de conformidad con el
Protocolo de Estambul. Los familiares de estas víctimas denuncian que los avances han
sido nulos; por lo que el Relator saluda la instauración de un mecanismo de seguimiento al
GIEI por parte de la CIDH y alienta el Estado a brindarle toda su colaboración y apoyo.
31.
Al Relator le parece preocupante la campaña de deslegitimación contra integrantes
de Tlachinollan y otras organizaciones acompañantes de las familias de estudiantes
desaparecidos de Ayotzinapa. Esto se suma a la información relativa a los ataques,
amenazas y seguimiento contra los padres de los 43 estudiantes.
32.
El Relator agradece la información recibida sobre la aprobación del Protocolo
Homologado para la Investigación del delito de Desaparición Forzada en Junio de 2015, el
cual tiene como fin establecer mejores prácticas para la investigación ministerial, pericial y
policial de este delito. Esperamos que el uso de este protocolo traiga consigo mejoras y
resultados concretos.
Presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad
33.
Las fuerzas armadas en México siguen actuando de forma predominante como parte
de la estrategia de la seguridad, a pesar de las recomendaciones realizadas en 2014, y se
lamenta que seguirán presentes de conformidad con el Informe del Presidente de
Septiembre 2015. El Relator también tuvo conocimiento de la pretensión de emitir una
legislación sobre seguridad interior para regular la labor de las Fuerzas Armadas en tareas
de seguridad. En la visita del Relator en el 2014, el Estado mexicano reportaba la
participación de 32,000 militares ejerciendo tareas de seguridad pública. El Estado, por otro
lado, informa que se ha reducido la participación de personal militar en tareas de seguridad
pública: de 51,000 a 37,000. El Relator reitera que las labores de seguridad deben estar en
manos de fuerzas de seguridad de naturaleza civil y no militar. Como afirma la CIDH las
violaciones a los derechos humanos cuando son cometidas por integrantes de las fuerzas
armadas demuestran la relación entre la impunidad y denegación de justicia en México.
B.
Investigaciones
34.
México afronta una situación de inseguridad e impunidad. La lucha contra la
delincuencia organizada ha incrementado la tortura y los malos tratos. Según cifras de la
CNDH, del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2015 se han recibido 157 quejas
por tortura, de las cuales 50 han sido en el 2015. Además, durante estas mismas fechas se
han recibido 4,404 quejas sobre “trato cruel y/o degradante” y “trato cruel, inhumano o
degradante”; y es la SEDENA la autoridad con más denuncias. El Relator tuvo
conocimiento de que se denuncian sólo 7 de cada 100 delitos, y de los delitos investigados
solamente el 4.46% resultaron en sentencias condenatorias. Algunas de las razones por las
cuales no se denuncia es el temor a represalias o la falta de confianza en las instituciones.
35.
El Relator desea resaltar con preocupación que según información del IGI México
ocupa el lugar 58 de 59 países con mayor nivel de impunidad. El 98% de los delitos en
México permanecen en impunidad. Más preocupante es la carencia de cifras oficiales sobre
los cargos y condenas por actos de tortura. Según la información obtenida de la PGR en
2013 las denuncias de tortura a nivel federal fueron 1.165, posteriormente en 2014 pasaron
a 2.403. Por otro lado, el Relator ha recibido información sobre unas 10.400 denuncias de
tortura y malos tratos en el 2014, según datos recopilados de instituciones estatales. El
Estado ha informado que el incremento de las denuncias de tortura ha generado una
percepción sobre el aumento de este crimen y expresa que este incremento es resultado de
una mayor intervención de las autoridades del Estado.
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