A/HRC/13/39/Add.4 Appendix II Informe replica de Guinea Ecuatorial al informe del Relator Especial contra la tortura, el Señor Manfred Nowak El súbito y repentino deterioro de la situación política producido en el País a partir de los acontecimientos del 5 de marzo de 1969 agravó aún más el ya de por sí pésimo panorama de los derechos humanos heredado del régimen colonial, dos de cuyas principales notas características eran la residenciación en la autoridad gubernativa de la capacidad de decidir sobre la privación de libertad, y la negación a los detenidos y presos de la condición de personas. La voluntad de superación del descrito panorama constituye una de las principales causas que inspiraron la acción del golpe de libertad, consumada el 3 de Agosto del año 1979. Desde entonces, la protección y promoción de los derechos humanos y libertades públicos constituye uno de los principales vertebradores de la actuación de los Poderes Públicos de Guinea Ecuatorial. A tal efecto, el Gobierno concibió, diseñó y puso en marcha un Programa que incluía las siguientes acciones básicas: a) públicas. Reconocimiento Jurídico de los derechos fundamentales y libertades b) Adopción de disposiciones represoras de actos de violación de los derechos fundamentales y libertades públicas legalmente reconocidos a las personas. c) Institucionalización de un Poder Judicial técnicamente solvente y políticamente independiente. d) Construcción de infraestructuras de acogida adecuadas para que los privados de libertad se desenvuelvan con comodidad, seguridad e intimidad. e) Humanización del régimen de tratamiento a los detenidos y presos. f) Difusión social de la cultura del respeto a los derechos humanos. Tres décadas después de la adopción y puesta en marcha del referido Programa, el gobierno se propuso llevar a cabo una amplia y profunda evaluación de la situación, al objeto de determinar tanto los logros alcanzados como las deficiencias persistentes. A tal efecto, estimó necesario implicar a las Naciones Unidas, para lo cual cursó invitación a su Relator Especial contra la tortura, don Manfred Nowak. El sentido de la invitación formulada era contar con la colaboración de un especialista que asistiera al Gobierno en las tares de evaluación, ayudando a determinar los logros y deficiencias, y prestando asesoramiento en cuanto a las acciones que conviene seguir acometiendo. El señor Nowak estuvo en nuestro País y realizó su misión durante el mes de noviembre del año 2008. Para sorpresa e indignación del Gobierno, el Relator Especial optó por proceder sin contar con las autoridades nacionales habilitadas para suministrarle datos e informaciones, moviéndose al dictado y bajo la orientación de grupos políticos social e institucionalmente marginales. Contra esa actitud protestó el Gobierno mediante Nota enviada a las Naciones Unidas inmediatamente después de que, finalizada su estancia, el señor Nowak abandonara nuestro País. En concreto, el Gobierno expresaba sus dudas de que el señor Relator Especial hubiere podido informarse sobre la verdadera situación del País en materia de 44