CAT/OP/MEX/2
pormenorizadamente de las medidas adoptadas para poner en práctica las
recomendaciones.
17.
El presente informe tendrá carácter confidencial hasta que el Estado parte decida
hacerlo público, como se estipula en el artículo 16, párrafo 2, del Protocolo Facultativo. El
Subcomité está convencido de que la publicación puede contribuir positivamente a la
prevención de la tortura y los malos tratos, ya que la amplia difusión de las recomendaciones
favorecería el establecimiento de un diálogo nacional transparente y fructífero acerca de las
cuestiones tratadas en el informe.
18.
El Subcomité recomienda al Estado parte que solicite la publicación del presente
informe, de conformidad con lo previsto en el artículo 16, párrafo 2, del Protocolo
Facultativo, tal como fue recomendado en relación al primer informe de la visita del
Subcomité en 2008.
19.
El Subcomité desea resaltar la existencia del Fondo Especial establecido en virtud del
artículo 26 del Protocolo Facultativo. Las recomendaciones contenidas en los informes
hechos públicos sobre las visitas del Subcomité pueden servir al Estado parte para
fundamentar una solicitud de financiación para proyectos específicos con cargo a dicho
Fondo.
II. Alegaciones de tortura y malos tratos
20.
Durante su visita, el Subcomité recibió con preocupación numerosas alegaciones de
personas privadas de libertad, incluyendo mujeres, menores de edad y migrantes, que
manifestaron haber sufrido actos de tortura y/o malos tratos en diversas circunstancias,
particularmente al momento de la privación de la libertad, durante el traslado, en el momento
de ingreso a los distintos lugares de detención o durante los interrogatorios. Varias de las
personas entrevistadas alegaron haber sido sometidas a tortura o malos tratos con el fin de
constreñirlas a firmar o grabar declaraciones autoincriminatorias o incluso hojas en blanco
que luego eran completadas con confesiones falsas.
21.
La mayoría de las personas entrevistadas que alegaron ser víctimas de tortura o malos
tratos señalaron como principales responsables a los agentes policiales (municipales,
estatales, federales y ministeriales), o incluso agentes del ejército en algunos casos y, en el
caso de los migrantes, algunos también señalaron a las autoridades migratorias.
22.
Muchas de las personas entrevistadas, incluyendo menores de edad, alegaron haber
sido sometidas a tortura y/o malos tratos al momento de la privación de la libertad y/o durante
las primeras horas3. Varias de estas personas alegaron haber sufrido malos tratos al ingreso o
en los momentos iniciales de permanencia en centros de detención municipales y
dependencias de policía ministeriales o estatales. Algunas personas, incluidos menores,
alegaron haber sido desnudados y obligados a realizar sentadillas durante las revisiones
corporales realizadas al ingreso. Se notó que los malos tratos suelen ocurrir en sitios donde
no existen cámaras de vigilancia, como los baños, las escaleras o los recintos de depósito
colindantes con las áreas de detención. Por ejemplo, durante su visita al Centro de Seguridad
Pública y Vialidad de Monterrey (Alamey), el Subcomité observó a dos personas esposadas
al pasamanos de una rampa de acceso que se encontraba en el exterior del recinto.
23.
El Subcomité también recibió alegaciones de tortura y/o malos tratos en los lugares
donde se encontraban personas privadas de libertad por períodos prolongados, por ejemplo,
en los centros de detención municipales y centros de readaptación social. El Subcomité
recibió alegaciones según las cuales una noche pocos días antes de la visita del Subcomité
agentes de la fuerza estatal de Nuevo León (“escuadrón de la muerte”) se habrían presentado
en Alamey y, ante las cámaras y en presencia de las autoridades penitenciarias que se
encontraban de guardia, habrían ingresado a una celda y golpeado a los internos que allí se
encontraban alojados. Se recibieron alegaciones relativas a otros centros en los cuales las
personas privadas de libertad habrían sufrido tortura o malos tratos a manos de autoridades
3
Algunas de las personas entrevistadas alegaron que al momento del arresto se les solicitó dinero a
cambio de dejarlas en libertad.
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