A/HRC/4/33/Add.2 Page 96 administración, en ciertos casos, de iniciar procedimientos disciplinarios cuando hay un proceso penal en curso, a la espera del resultado de éste. 539. La recomendación a dice: Las más altas autoridades, en particular los responsables de la seguridad nacional y el cumplimiento de la ley, deberían reafirmar y declarar oficial y públicamente que la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes están prohibidos en toda circunstancia y que las denuncias de la práctica de la tortura en todas sus formas se investigarán con prontitud y a conciencia. 540. Según fuentes no gubernamentales, en el ámbito internacional las autoridades del Estado español han confirmado asumir una política de “tolerancia cero” contra la tortura, y han participado en seminarios e iniciativas de capacitación técnica en derechos humanos en terceros países. De acuerdo a las mismas fuentes, a nivel nacional se han producido algunas declaraciones institucionales en los últimos dos años: a) El 17 de mayo de 2005, el Congreso de los Diputados aprobó por amplía mayoría una moción que instaba al Gobierno a que pusiese en marcha medidas que garanticen la protección de los derechos humanos en cárceles y otros centros de detención; b) En el mes de agosto del mismo año, tras la muerte de Juan Martínez Galdeano en el Cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería), la Vicepresidenta del Gobierno, M.ª Teresa Fernández de la Vega, manifestó que el Ejecutivo "llegará hasta el final" y "tomará las decisiones oportunas"; c) Algunos miembros del Gobierno también efectuaron declaraciones que condenaban los abusos sexuales a mujeres recluidas en el Centro de Internamiento de Mujeres de Málaga en julio de 2006, o las torturas a las que fue sometido un ciudadano guatemalteco por parte de varios agentes de la Policía Local de Torrevieja (Alicante). 541. Sin embargo, fuentes no gubernamentales señalan que siguen produciéndose declaraciones públicas de altos responsables políticos y policiales que niegan que en España se torture o que minimizan la gravedad de la situación. Son habituales las declaraciones públicas de apoyo a funcionarios denunciados por tortura y/o malos tratos. Este apoyo se mantiene incluso cuando los funcionarios están inculpados en procedimientos judiciales. A continuación se citan algunos ejemplos a) En enero de 2006, el Ayuntamiento de la localidad sevillana de Tomares hizo público un comunicado de apoyo a la Policía Local, después de conocerse la muerte en detención de un joven de 20 años y haberse denunciado que había sufrido una paliza. Posteriormente se harían públicas otras denuncias contra la Policía Local de Tomares por agresiones y torturas; b) En febrero de 2006, la alcaldía de Marbella (Málaga) apoyó a cuatro agentes de la Policía Local imputados por la muerte de un ciudadano belga. La Policía Local de Marbella ha acumulado más 140 denuncias por tortura y agresiones a los ciudadanos; c) En abril de 2006, la Comisaría de la Policía Nacional de Arrecife (Lanzarote) descalificó en una emisora de radio al decano del Colegio de Abogados de la Isla Canaria, quien había solicitado la investigación de varios abusos sufridos por unos estudiantes detenidos.