E/CN.4/2005/62/Add.2 page 30 Enjuiciamiento Criminal, tras reciente reforma de 2003, prevé que “El preso sometido a incomunicación que así lo solicite tendrá derecho a ser reconocido por un segundo médico forense designado por el Juez o Tribunal competente para conocer de los hechos” (art. 510.4). 128. La recomendación e) dice: Todo interrogatorio debería comenzar con la identificación de las personas presentes. Los interrogatorios deberían ser grabados, preferiblemente en cinta de vídeo, y en la grabación se debería incluir la identidad de todos los presentes. A este respecto, se debería prohibir expresamente cubrir los ojos con vendas o la cabeza con capuchas. 129. Según la información recibida por fuentes no gubernamentales, no se habría observado ninguna variación en referencia a esta recomendación en las diligencias efectuadas por la Policía Nacional o por la Guardia Civil. Por lo que respeta a la Ertzaintza, se hace referencia a la información proporcionada en relación con la recomendación b). 130. El Gobierno informó de que desea recalcar de nuevo que la cautela de identificar a los intervientes se aplica en España no sólo respecto al interrogatorio policial de un detenido, sino a cualquier diligencia practicada en dependencias policiales (art. 293 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) “el atestado será firmado por el que lo haya extendido, y si usare sello lo estampará con su rúbrica en todas las hojas. Las personas presentes, peritos y testigos que hubieren intervenido en las diligencias relacionadas en el atestado, serán invitadas a firmarlo en la parte a ellos referente. Si no la hicieren, se expresará la razón”. La grabación, sin embargo, del desarrollo de la diligencia de interrogatorio contravendría disposiciones fundamentales en materia de libertades públicas, en concreto el derecho a la intimidad recogida en el art. 18.1 de la Constitución Española. 131. La recomendación f) dice: Las denuncias e informes de tortura y malos tratos deberían ser investigados con prontitud y eficacia. Se deberían tomar medidas legales contra los funcionarios públicos implicados, que deberían ser suspendidos de sus funciones hasta conocerse el resultado de la investigación y de las diligencias jurídicas o disciplinarias posteriores. Las investigaciones se deberían llevar a cabo con independencia de los presuntos autores y de la organización a la que sirven. Las investigaciones se deberían realizar de conformidad con los Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptados por la Asamblea General en su resolución 55/89. 132. Según la información recibida por fuentes no gubernamentales, no se habría observado ninguna variación en referencia a esta recomendación. Se alega que la diligencia se demostraría en la voluntad de los Juzgados de archivar la denuncia y de evadir el compromiso que supone para los tribunales enfrentarse a este tipo de procedimientos por tortura –bien por su carga política, bien por evitar notoriedad pública, bien por no querer enfrentarse a una polémica segura. No se ha llevado a la atención del Relator Especial ningún caso en el que se hayan visto funcionarios suspendidos de sus funciones hasta conocerse el resultado de la investigación. 133. El Gobierno informó de que continúa recalcando que el marco legal español permite la pronta investigación de toda denuncia de torturas. La obligación de denunciar torturas, la independencia e imparcialidad del Ministerio Fiscal, las posibilidades que el ordenamiento español otorga a la victima, y la figura de la acción popular, aseguran la actuación frente á