A/HRC/22/53/Add.3 las exitosas medidas adoptadas para los adultos como ser la prestación de servicios de salud a cargo de ASSE. Los centros visitados no cuentan con servicios médicos adecuados y, según la información recibida, casi 65 por ciento de los adolescentes declaran no haber sido sometidos a un examen médico al momento de su ingreso. 15 49. Las condiciones de muchos centros resultan inaceptables. En varios centros, como CMC, CEMEC, CEPRILI y la Colonia Berro el hacinamiento es preocupante. Según información reciente los hogares de la Colonia Berro y Montevideo superaron los 500 internos aunque sólo tienen capacidad para 360. Asimismo, las condiciones de higiene de los baños y habitaciones en varios centros son deplorables y en varias oportunidades el Relator recibió quejas de la mala calidad de la comida, la falta de camas y ropa de cama, y la consecuente necesidad de tener que turnarse para evitar dormir en colchones en el piso. 50. El Relator Especial encontró especialmente preocupante el prolongado número de horas de encierro de los menores y la casi absoluta falta de actividades educativas, culturales o de recreación, lo cual no se condice con un sistema de justicia juvenil que debe orientarse a la pronta rehabilitación y reinserción social. Durante su visita a la Colonia Berro, el Relator presenció que un adolescente estaba siendo castigado a través del aislamiento por más de 40 días teniendo incluso que hacer sus necesidades en un balde. Asimismo, el Relator notó que no existe una política común entre los centros pero que, en general, los menores permanecen encerrados de 20 a 23 horas por día, sin acceso a materiales de lectura, actividades culturales o recreativas, y sólo esporádicamente cuentan con clases de gimnasia y acceso a maestros que dictan un promedio de dos clases por semana. En la Colonia Berro la maestra se encontraba de licencia desde hacía tres meses sin que hubiera sido suplantada. 51. El Gobierno informó al Relator de la existencia de múltiples convenios con empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil, así como acuerdos de becas que facilitarían el acceso de los menores a oportunidades educativas y laborales. El Relator recomienda mayores esfuerzos en expandir estos programas a todos los menores detenidos, así como el desarrollo de políticas tendientes a promover la rehabilitación, eliminando el ocio y proveyendo de buenos ejemplos de conducta a los menores. En este sentido, preocupa la falta de personal capacitado en los centros, especialmente de asistentes sociales, así como la falta de seguimiento de la rehabilitación de los adolescentes donde se registren tanto los planes de trabajo educativo cumplidos, como su evolución psico-social, laboral, educativa, familiar y cultural. 52. En los distintos centros el Relator notó que varios de los adolescentes estaban bajo el efecto de psicofármacos y le fue informado que esta medicación es utilizada por más del 50 por ciento de los menores y que es solicitada por ellos a fin de dormir mejor y combatir la ansiedad. Esta realidad es preocupante ya que posiblemente se relaciona con el excesivo encierro y ocio y potencia las chances de dependencia y dificultad de rehabilitación. 53. A pesar de que debe reconocerse el esfuerzo del Gobierno en aumentar el uso de las medidas cautelares o alternativas a la privación de libertad,16 permanece aún sin implementación satisfactoria la recomendación de utilizar la privación de libertad, y especialmente la prisión preventiva, exclusivamente como medida excepcional. Según información proporcionada por el Gobierno, el número de adolescentes detenidos ha aumentado desde una media histórica de 320 a un estimado actual de 496. Asimismo, aun a pesar de que la legislación prevé varias medidas que no implican la privación de libertad, 15 16 12 SERPAJ, OSJ, Hacia una Política de Estado en Privación de Libertad: Diálogo, Recomendaciones, y Propuestas, p. 265 (2012). Ver también UNICEF, Observatorio de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Uruguay, p. 99 (2012).