A/HRC/22/53/Add.3 organismo, así como establecer los derechos y deberes de los detenidos y del personal penitenciario. Se trata de un proyecto oficial presentado por el Gobierno y un proyecto alternativo presentado por representantes de la sociedad civil.20 El Relator tuvo la oportunidad de estudiar ambos proyectos y considera que tienen contribuciones importantes y complementarias. Desea llamar al Gobierno a considerar ambos proyectos con seriedad y prontitud, así como a trabajar sobre una posible armonización de los mismos que establezca un sistema penitenciario concebido con los derechos humanos como su centro. 58. El Relator felicita al Gobierno por la iniciativa de crear un escalafón civil bajo el INR que progresivamente irá sustituyendo al policial en sus funciones penitenciarias. En las visitas realizadas a los centros de detención, el Relator pudo constatar que, en los centros en que ha sido implementada, la medida ha traído considerables mejoras en el trato con los detenidos lo que contribuye a fomentar un ambiente de rehabilitación. Sin embargo, el Relator fue informado que en algunos casos los nuevos funcionarios civiles siguen estando subordinados a oficiales policiales, y que los directores de algunas cárceles continúan siendo oficiales policiales. El Relator quiere recomendar que la transición sea completa para permitir un cambio efectivo en la cultura de gerenciamiento penitenciario. El Relator también tomó conocimiento de la realización de acuerdos con el Ministerio de Defensa, aún sin implementación, para utilizar personal militar en la custodia de los perímetros carcelarios. 59. El Relator desea recomendar al Gobierno realizar mayores esfuerzos en la capacitación del nuevo personal contratado. Si bien resulta importante que la capacitación y especialización sean requisitos exigidos para la contratación, el Relator fue informado que los requisitos originariamente planteados por el Ministerio del Interior para la contratación del personal civil fueron atenuados debido a la falta de mano de obra capacitada. El Relator ve con buenos ojos la creación dentro del INR de una Escuela Penitenciaria tendiente a la capacitación del personal penitenciario y recomienda al Gobierno que la misma sea dotada de recursos humanos y financieros fijos y apropiados, así como de un programa comprensivo de capacitación en derechos humanos y trabajo penitenciario para asegurar la continua educación del personal. También recomienda la asignación de salarios adecuados para motivar el interés de mano de obra capacitada y evitar la corrupción. 60. Continúa siendo necesario el diseño e implementación de políticas comprensivas orientadas a asegurar la rehabilitación y reintegración social. El Relator recibió información de numerosas iniciativas realizadas en colaboración con empresas u organizaciones públicas y privadas para ofrecer oportunidades laborales, educativas y culturales a los adultos privados de libertad.21 El PNEL ha contribuido significativamente al desarrollo y organización de varios de estos programas, especialmente a través de la coordinación de regímenes laborales especiales para contratos a término de los internos inscriptos (Ley 18.489), y el manejo de la Oficina de Registro y Cómputo de Redención de Pena por Trabajo y Estudio.22 Sin embargo, estos programas parecen ser aislados en lugar de un componente central de la política penitenciaria, y no beneficiar a la totalidad de la población carcelaria. De un total aproximado de 9.500 personas privadas de libertad, solo 2.400 desarrollan algún trabajo, de las cuales 1.000 lo hacen dentro de las propias cárceles.23 Durante las visitas a las cárceles, y especialmente en los centros con mayor 20 21 22 23 14 Ver Ministerio del Interior, Proyecto del Ley del Instituto Nacional de Rehabilitación (2011); SERPAJ, Atlas of Torture, Anteproyecto Ley de Ejecución y Funcionamiento del Instituto Nacional de Rehabilitación (2012) Ver también Ministerio del Interior, Memoria de Gestión en Materia Penitenciaria: Período 20102011, p. 26 (2011). CAT/C/URY/3, p. 12 (2012). Id., p. 31