E/CN.4/1996/35/Add.1 page 11 mismo año habría sido asesinado. El Gobierno informó que una persona fue condenada en primera instancia por delito de homicidio y que una segunda fue inculpada y declarada en rebeldía. 36. Carlos Alberto Franco y Roberto Ramón Franco, presuntamente golpeados en la comisaría del Tercer Recinto de Resistencia el 3 de febrero de 1993. El Gobierno informó que el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Resistencia sobreseyó el proceso en el que había tres personas imputadas. 37. Antonio Miguel Fernández, 13 años, habría sido golpeado y disparado con balas de goma, el 15 de agosto de 1992, por la policía del distrito de Barranqueras, Resistencia. El Gobierno informó que la Dirección de Reconocimientos Médicos de la Cámara de Diputados de la provincia de Chaco comprobó la existencia de señales concordantes con el trato descrito. 38. Sergio de la Cruz Avalos, 15 años, habría sido torturado el 8 de septiembre de 1993 en la comisaría de policía de Fontana, Chaco. El Gobierno informó que no existe denuncia judicial sobre el caso. 39. Rubén Horacio Rubén Horacio Paz, Guido Aníbal de la Cruz Benítez, Marciana Benítez y Hugo Fabián Crespo, presuntamente torturados por la policía en julio de 1992 en Presidencia Roque Sáenz Peña. El Gobierno informó que en mayo de 1994 el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chaco declaró el archivo de las actuaciones en las que se investigaban los apremios ilegales y abusos deshonestos. 40. Santiago Sánchez y Luis Angel Martínez, presuntamente torturados el 11 de abril de 1992 en la comisaría de Presidencia Roca, Chaco. El Gobierno informó que con fecha 13 de julio de 1992 el Juzgado Unico de Instrucción de General San Martín dictó el sobreseimiento total y definitivo de los imputados. 41. Isabel Irala, presuntamente golpeada por la policía en Villa Río Negro, Resistencia, cuando se encontraba embarazada. El Gobierno informó que la causa se encuentra en etapa de instrucción. Austria Information transmitted to the Government 42. By letter dated 29 May 1995 the Special Rapporteur informed the Government that he had received reports indicating that a number of foreigners, some of them asylum-seekers, had been subjected to ill-treatment by police or prison officers. During periods of pre-expulsion detention (Schubhaft), which under law may last for up to six months, foreigners were said to be most vulnerable to ill-treatment. Asylum-seekers subjected to ill-treatment were typically reluctant to make any formal complaint for fear that their asylum applications would be prejudiced. 43. The Special Rapporteur also communicated the case of Naser Palushi, an ethnic Albanian asylum-seeker from Yugoslavia, who was placed in pre-expulsion detention in the East Vienna Police Detention Centre in April 1994, whereafter he embarked upon a hunger strike. He fainted in the toilets on 22 May, after which four officers allegedly dragged him into his cell, kicked him, and