E/CN.4/2001/66 page 165 839. On 5 August 1999, some 30 members of the Special Forces of the Peruvian National Police are said to have entered the women’s block in Yanamayo prison, where Maria Concepcion Pincheira Saez was being held with other prisoners held for alleged political reasons. She was interrogated about an interview she had given to the media in June 1999. The officers allegedly beat her, subjected her to vicious kicking on the ground, seriously damaging her eyesight, squirted tear gas in her mouth and inserted a sharp object into her vagina, causing serious haemorrhaging. Other women were reportedly beaten. All were denied medical treatment. 840. By letter dated 8 November 2000, the Special Rapporteur reminded the Government of a number of cases transmitted in 1998 and 1999 regarding which no reply had been received. Urgent appeals 841. El 29 de mayo de 2000, el Relator Especial envió un llamamiento urgente conjuntamente con el Relator Especial sobre la libertad de opinión y expresión sobre Fabián Salazar Olivares, un periodista que habría sido golpeado después de haber revelado información sobre corrupción durante las elecciones presidenciales. El 24 de mayo le habrían entregado documentos que mostrarían al Presidente del Jurado Nacional de Elecciones entrando al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). El 24 de mayo, cuatro hombres, que habrían expresado ser de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y aparentaban ser soldados, habrían entrado a su oficina en Lima, lo habrían atado a una silla, amordazado y vendado los ojos. Habría sido golpeado también. Desde el Hospital San Felipe de Lima, donde se encuentra para su tratamiento, habría expresado haber estado bajo constante vigilancia por parte de agentes del SIN. Follow-up to previously transmitted communications 842. Por carta de 28 de febrero de 2000, el Gobierno respondió al caso de Tony Gustavo Aduvire Condori (E/CN.4/1999/61, párr. 570), que fue intervenido por personal militar y conducido al Cuartel del Ejército Tarapacá, como parte de un operativo de reclutamiento para el servicio militar obligatorio. Durante el trayecto, el referido se arrojó del vehículo en movimiento y cayó a la pista sufriendo una fractura craneana y un traumatismo craneoencefálico grave que produjo una hemorragia cerebral masiva y por último la muerte, hecho corroborado por un Protocolo de Necropsia. Tras su caída, el antes mencionado fue llevado al tópico del cuartel donde se le examinó y se determinó que no tenía lesiones de consideración. En consecuencia se dispuso que fuera nuevamente subido al camión para su retorno al lugar de su detención. Sin embargo, fue dejado en la vía pública a su demanda. El Gobierno señala que los responsables del delito han sido sancionados, estableciendo una reparación para los familiares de la víctima, encontrándose en trámite un recurso de nulidad interpuesto por Manuel Aduvire Cusi.