E/CN.4/2001/66 page 144 721. El 19 de junio de 2000, numerosos agentes de la policía judicial y de la policía local de Río Bravo y Reynosa habrían irrumpido violentamente en la empresa Duro Bags Manufacturing en Río Bravo, Tamaulipas, donde los trabajadores habrían declarado un paro laboral. Los agentes habrían golpeado a los empleados, hombres y mujeres, y detenido a los dirigentes del movimiento laboral; una trabajadora, mientras era apuntada con una ametralladora habría recibido amenazas de muerte. Otra de ellas, embarazada de ocho meses, habría sido golpeada severamente en el abdomen, lo que habría provocado su hospitalización. Urgent appeals and replies received 722. El 14 de enero de 2000, el Relator Especial envió un llamamiento urgente en favor de Omar Sanvicente Gutiérrez y Juan Manuel López Vallafane, detenidos respectivamente el 7 y 8 de diciembre de 1999. Habrían sido detenidos incomunicados por agentes judiciales del Estado de Tlaxacala y agentes federales. Habrían sido obligados a firmar una declaración elaborada por los mismos policías judiciales con la amenaza de que, en caso de no firmarla, asesinarían a su familia. Habría sido golpeado entre el 8 y el 11 de diciembre de 1999. 723. Por carta de fecha 26 de mayo de 2000, el Gobierno informó de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos inició un expediente con fecha 21 de diciembre de 1999. Por su parte la Procuraduría General de la República informó de que el subdelegado de procedimientos penales de Tlaxacala comunicó que, previa revisión de los libros de Gobierno de las cédulas de procedimientos penales y de la subdelegación de la Policía Judicial Federal de esa circunscripción, no se encontró antecedente alguno de averiguaciones previas, procesos penales y mandamientos judiciales que tuvieran relación con sus casos. El Gobierno, posteriormente, por carta de fecha 10 de agosto, señala que el presente expediente fue turnado a la Segunda Visitaduría General y concluido por orientación el 31 de marzo de 2000. 724. El 7 de julio de 2000, el Relator Especial envió un llamamiento urgente conjuntamente con el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias en favor de Nicolás Basilio Enríquez, quien trabajaría para una organización indígena, Asociación Indígena Activa, en el Estado de Veracruz cercano a Oaxaca. El 15 de junio, el nombrado, junto a otras personas de la comunidad de Cruz Verde, fue parado por la policía cuando viajaban en un camión a la capital municipal Playa Vicente. Habría sido desnudado por elementos de la Policía Federal del Estado. Le habrían vendado los ojos y habría recibido descargas eléctricas durante el interrogatorio acerca de su supuesta vinculación con un grupo de oposición armado y sobre tráfico de drogas. 725. El Gobierno respondió que el caso de Nicolás Basilio Enríquez se remitió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz informó, por su parte, de que tras realizar una búsqueda en sus archivos, no había ningún dato en donde se hiciera referencia al nombrado. La Subprocuradora regional de justicia de la zona centro en Córdoba, el 28 de agosto del año en curso, instruyó al agente del ministerio público municipal de Playa Vicente para que dé inicio a la averiguación previa, la integre y cite a la mayor brevedad posible al agraviado Nicolás Basilio Enríquez.