A/HRC/22/53/Add.4 effective measures to have all allegations of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment promptly and impartially examined by the competent national authority, to hold those who encourage, order, tolerate or perpetrate acts of torture responsible, to have them brought to justice and severely punished, including the officials in charge of the place of detention where the prohibited act is found to have been committed, and to take note in this respect of the Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (the Istanbul Principles) as a useful tool in efforts to combat torture.” The Special Rapporteur calls on the Government to undertake a prompt, independent, and effective investigation of the facts, leading to the prosecution and punishment of the perpetrators, and to provide full redress to the victim. In that connection, the Special Rapporteur urges the government to maintain engagement on this case. Paraguay (a) AL 10/10/2012 Case No. PRY 1/2012 State reply: 10/12/12 Alegaciones de ejecución sumaria 112. El Relator Especial agradece al Gobierno de Paraguay por su atenta respuesta, de fecha 10 de diciembre de 2012, a esta comunicación. Dicha comunicación se refería a las presuntas ejecuciones sumarias que ocurrieron en la localidad de Curuguaty, durante un procedimiento policial judicial en un caso de invasión de inmueble ajeno. El Relator Especial expresa su complacencia al Gobierno de Paraguay por las acciones tomadas en relación con los hechos de la comunicación, en particular la creación de una investigación penal, la compensación monetaria para viudas de campesinos fallecidos, la facilitación de representación de campesinos imputados, y la consideración especial para adolescentes imputados. Sin embargo, el Relator Especial exhorta al Gobierno de Paraguay a garantizar la investigación, procesamiento y eventual condena de los responsables, e insta al Gobierno a que proporcione información en cuanto a la investigación de mala conducta policial. El Relator Especial desea hacer referencia al principio 9 de resolución 1989/65 del Consejo Económico y social, relativo a la prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, que dice que los Gobiernos tienen la obligación de garantizar “una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de todos los casos en que haya sospecha de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, incluidos aquéllos en los que las quejas de parientes u otros informes fiables hagan pensar que se produjo una muerte no debida a causas naturales en las circunstancias referidas (. . .).” Asimismo, el principio 18 de este mismo instrumento afirma que “los gobiernos velarán por que sean juzgadas las personas que la investigación haya identificado como participantes en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, en cualquier territorio bajo su jurisdicción. Los gobiernos harán comparecer a esas personas ante la justicia o colaborarán para extraditarlas a otros países que se propongan someterlas a juicio. Este principio se aplicará con independencia de quiénes sean los perpetradores o las víctimas, del lugar en que se encuentren, de su nacionalidad, y del lugar en el que se cometió el delito.” El Relator Especial exhorta al Gobierno de Paraguay a asegurar la investigación, procesamiento y eventual condena de los responsables. (b) JUA 29/11/2012 Case No. PRY 3/2012 State reply: 25/01/2013 Presunta detencion preventive de un grupo de campesinos 113. El Relator Especial agradece al Gobierno de Paraguay por su respuesta, de fecha 25 de enero del 2013, a la comunicación en referencia a la tortura, detención, y detención arbitraria de campesinos, incluyendo menores de edad, en el contexto de una situación de desalojo y allanamiento ocurrida en el Distrito de Curuguaty. El Relator Especial expresa su complacencia al Gobierno de Paraguay por la solicitud de una investigación de las 62