E/CN.4/2005/62/Add.2 page 26 prohibidos en toda circunstancia y que las denuncias de la práctica de la tortura en todas sus formas se investigarán con prontitud y a conciencia. 117. Según la información proporcionada por fuentes no gubernamentales las valoraciones de representantes políticos en declaraciones públicas tras la visita del Relator Especial, así como el tratamiento de los principales medios de comunicación, fueron en todo momento de ocultación. En los casos que se mencionó, su tratamiento fue en casi todos los casos parcial, subrayando algunas de las cuestiones planteadas por el Relator Especial pero ocultando las referentes a medidas concretas para la superación de la tortura y que en mayor medida comprometían al gobierno. Las declaraciones de los representantes políticos han tenido en todo momento la tónica de minimizar o incluso rechazar tajantemente las críticas efectuadas. Un claro ejemplo, que no necesita de más explicación por ser conocido por todos es el incidente que se llevó a cabo durante el 60.º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos en la presentación pública del informe por parte del Relator Especial. Otro ejemplo, que además supone una muestra de la continuidad existente en la falta de sensibilidad del gobierno son las declaraciones realizadas por el Ministro de Justicia. En una entrevista el 10 de junio de 2004, el Ministro insistió en que las denuncias corresponden a una consigna y que “resultan falsas no en una inmensa mayoría, sino en el cien por cien de los casos”. Añadió que “la tortura es en España un delito muy grave y que tiene remedios efectivos en el trabajo de los poderes públicos y de los jueces independientes”. 118. El Gobierno informó de que la defensa y promoción de los derechos humanos constituyen uno de los ejes fundamentales de la política exterior de España. Así lo ha afirmado el pasado día 21 de septiembre 2004 el Presidente del Gobierno en su discurso ante la Asamblea General: “Para que haya paz, seguridad y esperanza en muchos lugares del mundo es necesario reforzar los instrumentos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos, así como su aplicación efectiva. Éste es uno de los pilares básicos de nuestra política exterior”. De manera similar se expresaba el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en su comparecencia de 19 de mayo de 2004 ante el Congreso de los Diputados para exponer las líneas maestras de la acción exterior de España, cuando recalcaba que este mundo “será más seguro siempre y cuando consigamos el reforzamiento de los instrumentos multilaterales de promoción y defensa de los derechos humanos”. 119. La recomendación b) dice: Teniendo en cuenta las recomendaciones de los mecanismos internacionales de supervisión, el Gobierno debería elaborar un plan general para impedir y suprimir la tortura y otras formas de tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. 120. Según la información recibida por fuentes no gubernamentales, no se habría implementado esta recomendación. El único plan de acción que habría sido puesto en marcha sería el Protocolo para la Coordinación de la asistencia a personas detenidas en régimen de incomunicación, puesto en marcha por el Gobierno Autónomo vasco para las actuaciones de la Ertzaintza [policía autónoma vasca]. En su informe, el Relator Especial ya hizo mención de dicho Protocolo. Las fuentes de información alegan sin embargo que la implementación de este Protocolo presentaría ciertas deficiencias. 121. El Gobierno informó de que proseguirá la política de plena colaboración con las instituciones internacionales que trabajan en el ámbito de la tortura; especialmente con el Comité