E/CN.4/2006/6/Add.2 page 90 estipulan la prohibición de la tortura y limitan el empleo de medios de coerción que sólo podrán emplearse cuando existan conductas individuales o de grupo de los reos o cuando se origine situaciones de conflicto incontrolables y se hayan agotado todos los otros medios. 464. La recomendación (v) dice: Deben elaborarse y aplicarse sin dilación los planes para la reforma del sistema de enjuiciamiento criminal y del poder judicial, en especial por lo que se refiere a los aspectos tendientes a solucionar el problema relacionado con las demoras en la administración de justicia. Por otra parte, el Gobierno y los órganos legislativos deben considerar la posibilidad de incrementar el presupuesto asignado al poder judicial. 465. El Gobierno informó de que desde la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal el 1 de julio de 1999, el sistema penal escrito e inquisitivo dio paso a un sistema oral y público, más transparente y garantizador de los derechos constitucionales. Se realizaron todos los esfuerzos para la implantación de una reforma integral del procedimiento penal trayendo el sistema acusatorio, la adopción de principios generales del derecho universal, lo cual impuso la transformación de las funciones de los distintos actores del proceso y en especial del Fiscal del Ministerio Público, como titular del ejercicio de la acción penal. Con el fin de garantizar procesos penales justos y equitativos se diseñó y se está ejecutando el Plan estratégico para el período 2001-2007 estructurado en cuatro programas: modernización de la organización, funcionamiento y la institucionalidad del Ministerio Público, la integración con el sector público y otras entidades no públicas, la comunicación y por último el descongestionamiento de las causas en transición. En el marco del primer programa cuyo objetivo es aumentar la capacidad de respuesta al ciudadano se crearon Unidades Administradoras Desconcentradas y se puso en funcionamiento el modelo de Fiscalía Tipo con una estructura funcional única para los Despachos fiscales. Igualmente se ha llevado a efecto la fase de elaboración y discusión de dos proyectos orientados a la Creación de las Oficinas de atención al público y a la reorganización de las unidades de atención a la víctima. Se consideró la necesidad de instaurar Oficinas de Orientación al ciudadano las cuales recibirán inicialmente a las personas que acudan al Ministerio Público en todas las regiones del país. La primera Oficina de Atención al ciudadano fue instalada en el Estado de Lara. También en el Estado de Lara, a solicitud de la Fiscalía Superior del Ministerio Público se concretó la creación de la Primera Brigada de Protección de víctimas en la Comandancia General de la Policía de ese Estado. En el marco del segundo programa denominado Plan de Integración con el Sector público y otras entidades no públicas que tiene como objetivo establecer mecanismos de coordinación con todos los actores con los que se relaciona el Ministerio Público se concluyeron Convenios de Cooperación para incentivar la cooperación interinstitucional, nacional e internacional. El programa de comunicación busca fortalecer la imagen del Ministerio Público y la difusión de sus atribuciones a través por ejemplo de la preparación del Manual del Ciudadano o de la página web del Ministerio. Para llevar a cabo el cuarto programa, el 1 de julio de 2001, se creó la Dirección de Proyectos especiales con la misión de dirigir y coordinar el descongestionamiento del gran volumen de expedientes iniciados bajo la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal y que se encontraban en los órganos jurisdiccionales y policiales luego de la entrada de la nueva Ley Adjetiva Penal. 466. La recomendación (w) dice: Debe prestarse gran atención a las propuestas encaminadas a establecer una institución nacional para la promoción y protección de los derechos humanos. Las deliberaciones sobre esta cuestión podrían tener en cuenta los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de

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