A/HRC/7/3/Add.2 page 28 i) mantener plenamente informado al público acerca del alcance y la gravedad de los crímenes cometidos en nombre del Estado y los factores políticos e institucionales que contribuyeron a la impunidad de sus autores; ii) determinar oficialmente la responsabilidad individual de esos crímenes, incluidos los perpetradores directos y los que pudieran haber ordenado explícita o implícitamente su perpetración; iii) instigar los procedimientos penales y disciplinarios correspondientes, que estarán a cargo de los órganos competentes; iv) asegurar la debida reparación a las víctimas o a sus familiares, incluida una indemnización adecuada y medidas para su rehabilitación; y v) formular recomendaciones que contribuyan a prevenir nuevas violaciones en el futuro. 124. A este respecto, organizaciones no gubernamentales indican que en julio de 2005, el Congreso de la República aprobó la ley 975 de 2005, conocida como ley de “Justicia y Paz”. Dicha ley tiene como objetivo facilitar la desmovilización de miembros de grupos paramilitares y otros grupos armados ilegales responsables de crímenes de lesa humanidad. Según fuentes no gubernamentales, la ley 975 no cumpliría con las normas internacionales relativas a la protección de los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación. 125. Fuentes no gubernamentales indican que a través de la Sentencia C-370 de 2006, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad o la constitucionalidad condicionada de varias normas de la ley 975. La sentencia de la Corte Constitucional habría permitido acercar la ley 975 a los parámetros constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, se menciona que el cumplimiento de muchos de los aspectos decididos por la Corte estaría actualmente en discusión debido a decretos gubernamentales y resoluciones de la Fiscalía. Se advierte que dichas disposiciones normativas, además de evadir el cumplimiento de la citada Sentencia, pretenden modificar la ley tal y como fue aprobada. 126. Finalmente, organizaciones no gubernamentales informan que al menos 15 personas han perdido la vida buscando el reconocimiento de sus derechos a través de los mecanismos establecidos en la ley 975. Entre las personas muertas en estas circunstancias durante el año 2007 se encuentran: Yolanda Izquierdo Berrío, Nancy Hoyos Gómez, Carmen Cecilia Santana Romaña y Judith Vergara Correa. Igualmente se informa que al menos 200 personas habrían sido amenazadas por buscar el reconocimiento de sus derechos a través de dicha ley. 127. El Gobierno reitera que el espíritu de la Ley de Justicia y Paz (ley 975 de 2005), radicó en la definición de un marco jurídico que permitiera, en aplicación de los postulados constitucionales, compatibilizar el proceso de desmovilización de integrantes