A/HRC/7/3/Add.2
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integridad de las personas amenazadas. Dicho programa ha solicitado a la Dirección
Nacional de Fiscalías la investigación de amenazas y también está coordinando acciones
con la Dirección de Policía Judicial (DIJIN), a fin de impulsar investigaciones que
permitan esclarecer el origen de algunas amenazas recibidas en el 2006 y en el 2007.
159.
El Gobierno indica que sus esfuerzos institucionales contribuyeron a una
disminución de las violaciones contra los defensores de derechos humanos y otros grupos
vulnerables en el 2007, tal como se advierte en el siguiente cuadro:
Enero – Oct de Enero – Oct
2006
de 2007
43
37
Variación
Porcentual
-14%
VIOLACIONES
Homicidios de Indígenas
Homicidios sindicalistas de otros
sectores
24
6
-75%
Homicidios de Maestros
29
15
-48%
Sindicalizados
Homicidios de Maestros No
Sindicalizados
17
5
-71%
Homicidios de Periodistas
3
1
-67%
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos de Programa Presidencial de Derechos
Humanos.
160.
Finalmente, el Gobierno informa que el Plan Nacional de Desarrollo (2006 –
2010) aprobado mediante Ley 1151 de 2007, contempla importantes medidas para la
protección de los derechos humanos. Entre ellas se mencionan:
(i) Fortalecer los procesos de prevención a través de la capacitación y asesoría a
las autoridades locales para que incluyan estrategias de prevención de violaciones
de Derechos Humanos y DIH en los planes de desarrollo del ordenamiento
territorial y en los planes de contingencia; el impulso al Sistema de Alertas
Tempranas y la consolidación de un sistema estatal de información; el
mantenimiento de los programas de protección a los defensores de derechos
humanos, sindicalistas, promotores de causas indígenas y activistas sociales
objeto de persecución y amenaza.
(ii) generar condiciones para el restablecimiento de la población desplazada y el
fortalecimiento del sistema nacional integral para la atención de la problemática
del desplazamiento forzado.
(iii) impulsar la aplicación del Derecho Internacional Humanitario a través de
programas para la desvinculación de los niños al conflicto armado; la aplicación
de la Convención de Ottawa sobre minas antipersonal; la ejecución del Plan
Nacional de Acción en Derechos Humanos y la creación del Fondo contra las
Minas Antipersonal.
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